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jueves, 26 de mayo de 2016

LA GUERRA DEL CANGREJO ROJO


Cuando en 1974 arribaron a Isla Mayor (Sevilla) los primeros 100 kilos de cangrejo rojo, nadie pronosticó que 42 años después esta especie invasora iba a colonizar cuantas marismas, caños y lagunas hay en España. De este municipio de 6.000 habitantes, que se ha quedado en vilo tras la sentencia del Supremo que prohíbe la comercialización de este animal, tres de cada cuatro personas se ganan su jornal pescando, limpiando o comerciando el Procambarus clarkii en cinco empresas que facturan en torno a 20 millones de euros anuales y son —según sus datos— el tercer mayor productor mundial de este crustáceo.

 En el pueblo comenzó hace semanas una protesta silenciosa: como si fuesen pasquines, en el alumbrado, en los balcones de las casas y en las fachadas de los edificios públicos cuelgan las redes y nasas de los pescadores. "Estamos muy nerviosos porque esta economía sustenta a muchas familias. La gente de aquí no sabe qué hacer porque se quedará sin trabajo en cuanto la sentencia se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El problema es que tampoco tienen una alternativa laboral y la opción es emigrar", dice el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE).

El fallo del Tribunal Supremo llegó después de que Ecologistas en Acción recurriese para ampliar el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado en 2013. Las compañías del pueblo reaccionaron rápido: traspresentar al alto tribunal en abril un incidente de nulidad de actuaciones, que fue rechazado, para impugnar la sentencia al considerar que debían haber sido emplazadas en el proceso por ser parte interesada, esta semana agotarán su última bala jurídica: entregarán al Constitucional un recurso de amparo. "También estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta] porque creemos que es necesaria una respuesta conjunta que aporte estabilidad legal. No sabemos cuándo se va a publicar el fallo en el BOE, pero esperamos que no sea pronto", cuenta Valentín Murillo, portavoz de las empresas.

En esta tierra de pescadores y arroceros, donde los campos de arroz se extienden interminables hasta el horizonte, todos los sectores económicos y partidos políticos se quejan de la sentencia. Solo las asociaciones ecologistas, que también son conscientes del conflicto social y económico, defienden la erradicación del crustáceo. Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, cree que este animal, que puede llegar a medir hasta 15 centímetros, ha alterado el entorno y, si se elimina, regresará el ecosistema autóctono: "Sabemos que el fallo va a crear más problemas que habrá que atajar, pero no somos legisladores ni tenemos que gestionar el territorio. Entendemos que es un problemón, pero todos tenemos derecho a un medio ambiente saludable".

Fuente: EL PAÍS

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